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12 d'abril del 2005
Polèmica a l'Argentina per una llei que autoritza l'Estat a vigilar les comunicacions dels ciutadans
Els llocs visitats, els correus electrònics enviats, les converses dels xats. Tot el que es faci a Internet haurà de ser guardat pels proveïdors durant deu anys, i ser enviat a la SIDE (“Secretaría de Inteligencia del Estado”) si un jutge o un fiscal ho requereixen. Així ho disposa una polèmica llei que esgrimeix raons de seguretat i entra en vigència el proper 31 de juliol.
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(..) Según sus fundamentos, la normativa apunta a combatir el delito, particularmente “en los casos de secuestros extorsivos y narcotráfico”. Para algunos expertos, sin embargo, constituye una avanzada sobre los derechos civiles, que viola normas de protección a la intimidad. (..)

(..) la Ley de Telecomunicaciones (..) y el decreto (..) que la reglamentó, del 9 de noviembre de 2004. A pesar del tiempo transcurrido, sus contenidos tuvieron poca trascendencia. Ambas normativas establecen, además, que las prestadoras de telecomunicaciones, incluidas las de telefonía móvil, deberán almacenar los datos de sus clientes: a quién llaman y qué llamadas reciben, la duración de los contactos y en qué lugar se encontraba el aparato en el momento de la comunicación. También deberán contar con equipamiento para que en caso de que un juez o un fiscal ordene la interceptación de alguna comunicación, ésta se haga de forma inmediata.

(..) La Ley de Comercio Electrónico de España habilita a retener los datos de conexión y tráfico de los usuarios de Internet por un período máximo de 12 meses. La Directiva Europea sobre comercio electrónico prohíbe que se otorgue al proveedor de acceso la facultad u obligación de vigilar a sus clientes.

Pero el punto más polémico de la normativa argentina, advierten los expertos consultados, es aquel que ordena el archivo de todos los movimientos en la web de los usuarios de Internet. (..)

“En la práctica no es más que el reconocimiento público de que todos los ciudadanos podemos quedar bajo vigilancia y aún peor, que esa vigilancia será hecha por empresas privadas”, analizó Beatriz Busaniche, activista de software libre, integrante de la Fundación Vía Libre. (..)

(..)

La Cabase (Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea) presentó a mediados de diciembre un amparo en la Justicia (..) La entidad considera que la normativa implica desde una intromisión en la esfera íntima –poniéndose los proveedores de servicios de Internet en rol de prestadores, pero también de usuarios– hasta una confiscación. Este último punto es el principal motivo de movilización de la Cabase. Según el decreto (..) todas las empresas de telecomunicaciones deberán estar equipadas para interceptar y retransmitir comunicaciones (..) Para la Cabase significará un desembolso en tecnología que dejará en la lona a muchas empresas del sector. (..) Como éste es un mercado muy competitivo, no todos podrán trasladar el costo a sus tarifas. (..)

Seguridad nacional

El juez Rossi todavía no se expidió sobre el tema de fondo. En el marco de la causa, el magistrado pidió explicaciones al Gobierno. En nombre del Ejecutivo contestó (..) “(..) si el juez interviniente estima necesario para la dilucidación de una causa determinar los hábitos de lectura de determinada persona, no se alcanza a visualizar el agravio constitucional en cuestión”, (..) precisó que la normativa tiene como objeto “la defensa nacional” y “la averiguación y represión de ilícitos”.

(..)

¿Cómo va a garantizar el Estado que las empresas no vendan los datos almacenados?, es una de las preguntas que se hacen los expertos en Derecho a la Información consultados por este diario. “El Estado asume la responsabilidad por los daños y perjuicios por el uso de la información. Es un reconocimiento de que puede haber un mal uso”, (..)

Para Loretti, otro de los aspectos “graves” de la legislación es que habilita a los fiscales a ordenar la interceptación de las comunicaciones. “Constitucionalmente sólo están autorizados los jueces a disponer una medida de esa naturaleza”, señaló. (..)

Los expertos ven esta medida en el marco de una regresión mundial en materia de derechos civiles a partir de la lucha contra el terrorismo internacional. “(..) El decreto que ahora nos ocupa no es más que (..) una dicotomía infame: seguridad versus privacidad. (..)” (..)



  • Ho discuteixen a: Barrapunto.com.


  • [Actualització 13/04/05] Avui sembla que han fet marxa enrera!: El Presidente Kirchner suspendió el decreto 1563 sobre La ley de Telecomunicaciones que viola la privacidad.

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