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La operadora EarthLink anunció en verano que despedía a 900 de sus trabajadores. La semana pasada su presidente, Rolla P. Huff, firmó una nota en la que se aseguraba: "Tras una revisión y análisis minucioso de nuestro negocio de WiFi municipal, hemos decido que hacer nuevas inversiones en este negocio iría contra el objetivo de maximizar el valor para los accionistas".

Entre los despidos y la declaración, Earthlink ha avisado al consistorio de San Francisco que se retira del plan municipal de crear la zona WiFi pública más grande del país. Después hizo lo mismo en Houston, Saint Louis, Arlington, Alexandría y San Petersburgo (Florida). Otras ciudades que aún no tenían socio tecnológico, como Chicago, Cincinnati y Sacramento, también han parado sus proyectos. (..)

La respuesta del responsable del sitio especializado Muniwireless.com, Esme Vos, es negativa. "Lo que pasa es que los ayuntamientos están revisando el modelo para conseguir alguna fórmula o compañero que soporte los gastos de despliegue de la red", dice. En las redes ya desplegadas el objetivo inicial de combatir la brecha digital y servir a los ciudadanos ha sido arrinconado. Ahora se busca la rentabilidad a toda costa. Por ejemplo, la red de la localidad de Ripon, en California, se está aprovechando para desplegar cámaras WiFi para que la policía vigile las calles.

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(..) las cosas se ven de otra manera. El gerente de la entidad municipal Fomento de San Sebastián, Euken Sesé, afirma que "esto es un bien de carácter social tan básico como la electricidad". Donostia, con 500.000 metros cuadrados con cobertura, tiene la red WiFi pública más extensa de España, pero no es gratuita.

"Cobramos una pequeña cantidad para evitar problemas con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones", afirma Sesé. La presión de las operadoras telefónicas y la CMT abortaron otros intentos gratuitos en el pasado. "Las iniciativas locales deberían unirse para hacer presión", concluye.